Autoridad ambiental rechazó construcción de proyecto Tagua Tagua (35 MW)

Por siete votos contra cinco, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de O’Higgins rechazó el pasado viernes la construcción en la comuna de Pichidegua de la Central de Energía Renovable No Convencional ERNC Tagua Tagua, iniciativa que utilizaría como combustible biomasa forestal y guano producido por empresas avícolas de la zona.

La impugnación del proyecto se materializó gracias al voto decisivo de la intendenta regional (s), Marie Jeanne Lyon, quien definió una votación que se preveía polémica, debido a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había recomendado aprobar la iniciativa pese a los informes negativos de varias reparticiones encargadas de su análisis. En este sentido, el alcalde de Pichidegua, Rubén Adolfo Cerón, junto con celebrar la decisión final, acusó una serie de irregularidades durante la presentación del proyecto, asegurando que la directora titular del SEA, Marlene Sepúlveda, ejercía paralelamente como jefa de proyectos en la Consultora Golder Asociados, asesora técnica de Fibroandes. “Fue directora del SEA (cuando se presentó el proyecto), de manera que ahí también hay un tema administrativo, una irregularidad absolutamente abierta, que quedó manifiesta”, indicó el edil, quien solicitó “una investigación al respecto y esperamos que se haga” La iniciativa, impulsada por el Consorcio Energético Nacional (CEN), consistía en la instalación de un complejo que pretendía utilizar como combustible principal el denominado Fibromix, una mezcla de virutas de madera seca y guano de ave, así como biomasa forestal y/o agrícola como combustible secundario, utilizado este último en un rango de entre el 0 y el 10% de la mezcla. La central tendría un costo de US$ 95 millones y pretendía utilizar material descartado por las numerosas empresas agrícolas, forestales y avícolas de la zona, produciendo 35 MW de energía en lo que los titulares del proyecto calificaron como un proyecto de energía renovable no convencional, esperando incluso su registro como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el acceso a ingresos provenientes de la comercialización de Certificados de Reducción de Emisiones (CER’s). Sin embargo, la central desató una enorme polémica debido a que sus opositores, entre los que se contó a la casi totalidad de los representantes parlamentarios de la zona, así como alcaldes y concejales y agrupaciones ciudadanas y empresariales, calificaron al proyecto como una “termoeléctrica encubierta”, que provocaría un impacto irreversible en una zona dedicada eminentemente a la agricultura. Cabe destacar que el último Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental (ICE), dado a conocer por el SEA el pasado 9 de enero, presentaba una serie de observaciones negativas y críticas de los organismos sectoriales responsables de su estudio, los que recomendaban su rechazo o reingresó a trámite pero esta vez bajo la figura de Estudio (EIA) y no de Declaración (DIA) –el primero incluye participación ciudadana y el segundo no–, pese a lo cual el Servicio recomendó su aprobación, sujeto al cumplimiento de la normativa y a la consecución de permisos ambientales sectoriales.

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